El plazo para solicitar estas ayudas es de un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo, excepto en el caso de que la afectada sea víctima de violencia de género de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 o víctima de violencias sexuales conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, supuestos en los que el plazo será de cinco años. No obstante, dicho plazo se interrumpe con el inicio del proceso penal y se abre de nuevo desde que recaiga la resolución judicial firme que le ponga fin.